El 25 de agosto, el diputado nacional Roy Cortina – acompañado por los restantes integrantes del interbloque del FAP – concretó la presentación formal de un proyecto de ley destinado a la promoción y la protección del empleo joven.
Es una iniciativa que se ha ido mejorando y que llega después de mucho tiempo de estudio, de consultas con especialistas y organizaciones sociales, de análisis de experiencias comparadas, de relevamiento de datos y de escuchar el reclamo de los jóvenes de nuestro país.
Es que en Argentina, la desocupación entre los jóvenes prácticamente duplica a la que se registra entre los adultos, golpeando con mayor dureza a las mujeres y a los sectores más vulnerables, que son priorizados en el proyecto como destinatarios de las acciones previstas.
Son cerca de 800.000 jóvenes desempleados, a los que corresponde agregar los 2.000.000 que trabajan en negro y en condiciones de precariedad; cifras que hablan de la existencia de un problema estructural que exige el desarrollo de políticas específicas, más allá de las que se implementen para el fomento del empleo en general.
Según Roy Cortina, resulta necesario dejar atrás el esquema de las modalidades flexibles de contratación que se utilizaron en los ’90 y que sólo sirvieron para convertir a los jóvenes en mano de obra barata para las empresas.
También son insuficientes para él, los programas ejecutados por el Gobierno Nacional que se quedan a mitad de camino, que carecen de reflejo presupuestario propio, están desarticulados en distintas áreas y presentan metas inconsistentes.
Para superar lo anterior, la Ley de Empleo Joven impulsada por Roy Cortina contempla, entre otras medidas, la creación de un régimen de incentivo a la contratación de jóvenes en relación de dependencia, la puesta en marcha de Centros de Empleo Joven Estudiantil (CEJE), la implementación de un Seguro Universal de Formación Profesional Juvenil y el desarrollo de una campaña contra el trabajo no registrado.
Para su evaluación y para el consenso de nuevas estrategias, prevé también la convocatoria a un Foro Nacional Permanente por el Empleo Joven con la participación de distintas áreas gubernamentales, representantes parlamentarios, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones juveniles.
Para que lo anterior no quede reducido a un enunciado de buenas intenciones, el proyecto del socialista dispone la conformación del Fondo Nacional para la Promoción del Empleo Joven, integrado con los recursos resultantes de la eliminación de las exenciones que hoy están vigentes a favor de las rentas financieras y en virtud de las cuales se dejan de recaudar alrededor de $ 4.500 millones anuales.
En pos de la transparencia del destino de esos recursos y con un criterio federal, se establece una asignación equitativa entre las jurisdicciones provinciales, que atienda los índices locales de desempleo juvenil y la cantidad de jóvenes desocupados que vivan en sus respectivos territorios.
Es hora que los jóvenes sean jerarquizados en nuestro país más allá de los discursos porque en el futuro individual de cada uno de ellos, se juega el futuro de nuestra sociedad.
Los recursos para garantizar su inclusión, su capacitación y su desarrollo existen. Sólo hace falta la voluntad política de redireccionarlos al sostenimiento de iniciativas como esta Ley de Empleo Joven.